Grave embestida contra la vida inocente

En las últimas semanas se han acentuado las agresiones contra la vida inocente. En la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, por simples resoluciones ministeriales y con pretextos reglamentarios, se ha ampliado el ámbito de las excusas absolutorias del art. 86 del Código Penal, sin reparar en que las mismas han quedado tácitamente derogadas a partir de la vigencia de cuerpos normativos de jerarquía constitucional que garantizan la intangibilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, principio que ha reiterado la Corte Suprema últimamente.

La embestida se ha manifestado también en el propósito anunciado de reglamentar por ley la denominada anticoncepción de emergencia, eufemismo con el que se encubren abortos químicos de personas ya concebidas; en la decisión de dejar cesantes a los médicos que se nieguen a practicar ciertos abortos; y finalmente en el proyecto de ley nacional sobre “abortos no punibles” que contradice no sólo la mencionada normativa internacional y constitucional sino el texto expreso de la ley 26.061 sancionada por el actual Congreso, en cuyo articulado se ampara de manera absoluta la vida de los niños concebidos, garantizándoles que sus derechos –entre ellos el de nacer y vivir- tendrán incluso prioridad frente al interés o conveniencia de cualquier adulto.

En ese proyecto sobre abortos no punibles, que ya ha sido aprobado por la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados, se llega al extremo de obligar a los hospitales, “organizaciones de la seguridad social” y “entidades de medicina prepaga” a practicar abortos gratuitos a adolescentes desde los catorce años, sin conocimiento ni intervención de sus padres.Ante un conjunto de iniciativas de tamaña gravedad, que configura una nueva matanza herodiana de niños inocentes, la Corporación de Abogados Católicos exhorta al Congreso Nacional y a las autoridades locales a poner fin a las agresiones que denunciamos.

Resultaría aberrante que precisamente en momentos en que desde los estrados oficiales se proclama el cese de toda discriminación, se adopten criterios legislativos y administrativos que discriminan a los seres humanos más pequeños, más débiles, y más necesitados de protección.

Alberto E. Solanet, Presidente
Juan Manuel Medrano, Secretario